silla y escalera

25 de mayo de 2007

A favor de la Asistencia Personal

En estos días en que se está empezando a poner en marcha la Ley de Autonomía Personal, os recomiendo leer de principio a fin este interesante y conmovedor artículo:


Y no me resisto a destacar los párrafos finales, que reproduzco a continuación, por su claridad y contundencia para quien quiera leerlos (¿Caldera, Madrazo, estais ahí?):
Asistencia personal es el apoyo que una persona presta a otra para que pueda realizar las actividades cotidianas que se desarrollan en todos lo ámbitos de la vida (domicilio, estudios, trabajo, ocio, viajes, cultura, política...). Los apoyos se enmarcan en un acuerdo laboral entre el asistente personal y la persona con diversidad funcional, que es quien selecciona, contrata, forma y dirige al asistente personal. Esta autogestión permite a la persona con diversidad funcional adquirir plena responsabilidad y control sobre su vida. La financiación debe ser pública, en función de la intensidad asistencial requerida por cada individuo e independiente del tipo de diversidad funcional, ingresos, patrimonio y vida laboral, ya que lo contrario impediría la igualdad de oportunidades.

Quisiera hacer una breve reflexión sobre la cuestión económica. Dejando aparte la obviedad de que en política no hay cosas caras ni baratas sinó una escala de prioridades, que España recauda menos impuestos que la media europea y que de lo poco que recauda dedica al tema que nos ocupa una porción menor que los países avanzados, observen las siguientes cifras sobre objetivos para 2008 del informe económico del Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Cataluña:

- Coste anual de cada plaza residencial para personas con diversidad funcional: 32.000 €
- Coste anual de cada usuario de asistencia personal: 5.000 €
- Auxiliar SAD (convenio 2007, jornada completa, SS y vacaciones incluidas): 16.000 €

La última cifra debe ser una buena aproximación del coste anual de un asistente personal, y si la comparamos con las anteriores se manifiesta la mentalidad institucionalizadora y asistencialista de nuestra sociedad. Creo que estos números deberían invitar a la reflexión, a no dar por hecha la supuesta eficiencia económica del sistema actual y a realizar estudios profundos y rigurosos que, por supuesto, tengan en cuenta también los costes de oportunidad, la dignidad y los derechos humanos.

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